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lunes, 10 de agosto de 2015

La "Sanjurjada" del 10 de Agosto de 1932

Durante el siglo XIX los  militares  desempeñaron  un  papel  muy  activo  en  la  implantación  y  el  desarrollo  del  Estado  liberal  español.  Incluso en  varios  momentos  clave  nos  encontramos  con  gobiernos  presididos  por  generales  tanto  de  filiación  progresista como  moderada  (Espartero,  Narváez,  O´Donnell).

Sus  raíces  se  hallan  en  la  incapacidad  de  la  Corona  y  de  los  partidos  políticos  para  establecer  una  alternancia  política pacífica,  es  decir,  por  la  vía  parlamentaria.  Muchos  de  los  cambios  políticos  decisivos  en  la  España  del  siglo  XIX vinieron  precedidos  de  un  pronunciamiento  militar.

La reforma de Azaña dejó honda huella en la mente de la oficialidad española. Para algunos, que aceptan todavía la versión heredada, Azaña sigue siendo el monstruo, sospechoso de invertido, que trituró al Ejército por razones puramente sectarias, dejando a España indefensa, a fin de prepararla para su entrega a la masonería y el bolchevismo. Pero otros reconocen que las tres tareas fundamentales acometidas por Azaña: reducir el exceso de oficiales, adecuar el Ejército a las necesidades y posibilidades de España y despolitizarlo siguen teniendo actualidad. Hoy día es notable el renacimiento del interés por lo que hizo Azaña en 1931-1933. 

LAS REFORMAS DE AZAÑA: MODERNIZANDO EL EJÉRCITO

El Ejército había incrementado su presencia en la vida política española desde el Desastre del 98, habiendo culminado esta intervención con el golpe de 1923 y la consiguiente Dictadura.

Las unidades militares españolas no estaban muy bien preparadas ni organizadas, salvo las que estaban destinadas en África donde se habían curtido en complejos y durísimos combates. El Ejército peninsular se había dedicado a tareas de represión del movimiento obrero y no estaba preparado para las funciones de la guerra moderna, precisamente en momentos en los que la estrategia y la táctica militares comenzaban a cambiar de forma radical. El armamento estaba obsoleto y era de principios de siglo, sin aportaciones modernas sustanciales. A pesar del esfuerzo de algunos pioneros sobresalientes la Aviación española se encontraba casi en su infancia.

Azaña quería un ejército más moderno y eficaz, más republicano también. Por eso uno de sus primeros decretos, de 22 de abril, obligó a los jefes y oficiales a prometer fidelidad a la República, con la fórmula: “prometo por mi honor servir bien y fielmente a la República, obedecer sus leyes y defenderla con las armas”.

Azaña propuso alejar al ejército de la política, reducir el número de oficiales o, al menos, impedir su crecimiento y reducir el tiempo del servicio militar. El ejército en España había sido el protagonista durante el siglo XIX de los golpes de estado y de los diversos gobiernos progresistas y moderados y tenía un gran poder en España.

La Reforma militar de Azaña fue duramente combatida por un sector de la oficialidad, por los medios políticos conservadores y por los órganos de expresión militares La Correspondencia Militar y Ejército y Armada. A Manuel Azaña se le acusó de que querer “triturar” al Ejército. La frase la sacaron de un discurso pronunciado por Azaña el 7 de junio en Valencia en el que, refiriéndose al control municipal por parte de los caciques, dijo que si alguna vez tengo participación en ese género de asuntos, he de triturar, he de arrancar esta organización con la misma energía, con la misma resolución, sin perder la serenidad, que he puesto en deshacer otras cosas no menos amenazadoras para la República”. No nombró al Ejército, pero daba igual.

Para Azaña, el ejército francés era el modelo: se había convertido en una escuela de ciudadanía

Pasar de la teoría a las realidades concretas implicó un sinnúmero de dificultades. El decreto del 25 de abril de 1931 concedía el retiro a los militares que solicitaran con el mismo sueldo de cuando estaban en activo. De esta forma, el número de generales pasó de 190 a 72. El de oficiales, de 14.882 a 9.716.

Este descenso constituía un éxito desde el punto de vista de la racionalidad organizativa. Desde una óptica política, puede discutirse su acierto. Los que optaron por marcharse eran, por lo general, gente joven y con ideas más abiertas. La República perdió la ocasión de favorecer un relevo generacional con el que constituir un Ejército fiel a sus principios. Podía haber oficiales republicanos, pero las fuerzas armadas en su conjunto no se distinguían por su lealtad al régimen.

A pesar de que esta reforma era considerada necesaria incluso por los estamentos militares,la reforma de Azaña ha sido valorada positivamente ya que en conjunto constituía un plan realista y coherente, que hubiera dotado a España de un Ejército acorde con sus necesidades debido al sobredimensionamiento del ejército, además de lo obsoleto de su material, estructura y preparación, la falta de tacto de Azaña con los militares desencadenó la animadversión de un importante sector de los mismos hacia las reformas, y por ende, hacia la República
Las primeras cuajaron en una serie de decretos durante la primavera y el verano de 1931, que serían luego refrendados por las Cortes. Las segundas, mediante leyes promulgadas durante la permanencia de Azaña en la presidencia del Consejo de Ministros. Los decretos más importantes fueron los siguientes:

  •  La promesa de fidelidad a la República. Este Decreto, de 22 de abril, pretendía vincular personalmente a los militares a la defensa del régimen naciente, forzando la baja de los monárquicos recalcitrantes. La práctica totalidad de los profesionales suscribió la promesa, pero es seguro que muchos lo hicieron para no perder su empleo y que ello no les hizo sentirse más obligados hacia el régimen. 
  • El Decreto de retiros extraordinarios de 25 de abril, buscaba aligerar las plantillas del personal sobrante, antes de acometer la reforma orgánica del Ejército. Quienes se acogieran al retiro voluntario en el plazo de un mes -plazo que luego se amplió- conservarían el sueldo íntegro. Si no se alcanzaba el número de retiros necesario, el ministro se reservaba el derecho a destituir, sin beneficio alguno, a cuantos oficiales estimase oportuno. Por conveniencia o por miedo, se acogieron voluntariamente a la medida un total de 84 generales, 8.650 jefes y oficiales -más del 40 por ciento del total- y 1.866 clases de tropa y auxiliares. Abandonaron el Ejército los militares menos profesionales, lo que mejoró la calidad media. La reducción de mandos facilitó, además, la reorganización de las unidades y ofreció mejores expectativas de promoción a los que se quedaron, ya que el mayor porcentaje de abandonos se produjo en los grados superiores. 
  • Reorganización del ejército metropolitano, iniciada por un Decreto de 25 de mayo de 1931 por el que la División era mantenida como unidad básica de combate, pero las 16 existentes eran reducidas a ocho, con sus efectivos al completo, más unidades independientes de ametralladoras, montaña y cazadores. La Aviación, hasta entonces dependiente del Ejército de Tierra, pasó a formar un Cuerpo General independiente, con su propio escalafón de oficiales (Decreto de 27 de junio). Se disolvió el Cuerpo Eclesiástico del Ejército, constituido por los capellanes castrenses, se traspasó el Cuerpo de Carabineros, encargado de la vigilancia fronteriza, al Ministerio de Hacienda y se independizó a la Cruz Roja, hasta entonces dependiente de las Fuerzas Armadas. Las Regiones Militares, divisiones administrativas de la Monarquía, fueron sustituidas por ocho Divisiones Orgánicas y sendas Comandancias Militares en Canarias y Baleares, al tiempo que desaparecían las Capitanías Generales y la categoría de teniente general, con lo que, en adelante, el empleo más alto que podía alcanzar un militar era el de general de división (Decreto de 16 de junio). 
  • Reorganización del ejército de África. En la visión de Azaña, se trataba de un ejército de tipo colonial, que debería tener una estructura diferente del peninsular. Procuró reducir los efectivos militares del Protectorado y crear una administración civil que potenciara la colonización del territorio. El Decreto de 4 de julio disminuyó los efectivos de las tropas coloniales en unos siete mil individuos y poco después se separaron los cargos de Alto Comisario, encomendado a un civil, y de Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos, asumido por un general y subordinado al primero.
  •  Reforma de la Justicia militar, dictada por el principio constitucional de la unidad de jurisdicción. 

Una de las primeras medidas del Gobierno provisional había sido anular, el 17 de abril, la Ley de Jurisdicciones de 1906, que colocaba bajo la Justicia militar a los civiles acusados de delitos contra la Patria o el Ejército. Azaña llegó más lejos al situar la propia jurisdicción castrense bajo la dependencia del Ministerio de Justicia. Suprimió el Consejo Supremo de Guerra y Marina, traspasando sus funciones al Tribunal Supremo, donde se creó una Sala especial con magistrados civiles. Los fiscales militares quedaron bajo la autoridad del Fiscal de la República y se reorganizó el Cuerpo Jurídico militar, que dejó de depender de los mandos territoriales (Decreto de 26 de julio).

Las medidas a largo plazo eran mucho más complejas, ya que suponían un ambicioso programa de modernización material y humana. Buena parte de ellas no alcanzaron sus metas por falta de tiempo o de recursos, pero en conjunto constituían un plan realista y coherente, que hubiera dotado a España de un Ejército acorde con sus necesidades. Las líneas fundamentales de esta actuación fueron las siguientes:

  •  Política de destinos y ascensos. Resuelto el problema de la sobrecarga de plantillas, la reforma del personal se centró en la reglamentación de escalas y en la eliminación de las divisiones clasistas que amparaban. El Decreto sobre destinos de 4 de mayo establecía su provisión mediante criterios de antigüedad y dejaba los de los generales a la discrecionalidad del ministro de la Guerra. las Cortes aprobaron una Ley determinando el pase a la reserva de los generales que no hubiesen tenido destino en seis meses, facultad que permitió a Azaña retirar a algunos de fidelidad dudosa al régimen. Respecto a los ascensos, sendos Decretos de mayo y junio de 1931 posibilitaron la anulación de gran parte de los producidos durante la Dictadura por elección o por méritos de guerra, lo que supuso la pérdida de uno o dos grados para unos 300 militares y un fuerte retroceso en el escalafón para otros que, como los generales Franco y Fanjul, no llegaron a perder el grado. la Ley de Reclutamiento y Ascensos de la Oficialidad, aprobada el 12 de septiembre de 1932, confirmó estas medidas, estableció un baremo para los ascensos en el que primaba la antigüedad y capacitación profesional y unificó en una sola escala a los oficiales de carrera y a los procedentes de la tropa, discriminados hasta entonces. 
  • Se determinaron también nuevas modalidades de reclutamiento. Los soldados de reemplazo permanecerían un año en filas, pero los universitarios y bachilleres sólo deberían pasar un período de instrucción de cuatro semanas. La reforma mantenía el injusto sistema de redención del servicio militar mediante dinero, aunque sólo podría aplicarse a partir de los seis meses de permanencia en filas. 
  • Reforma de la enseñanza militar (Decretos de 1-7-1931). Una de las primeras medidas de largo alcance del ministro, que deseaba oficiales con una cultura ni más fuerte ni más débil que otros funcionarios públicos de su categoría y su responsabilidad, fue cerrar la Academia General Militar de Zaragoza, creada en 1927 y cuyo director era el general Francisco Franco, repartiendo sus alumnos por Armas entre las academias de Toledo (Infantería, Caballería e Intendencia), Segovia (Artillería e Ingenieros) y Madrid (Sanidad Militar). Para los nuevos cursos de promoción de coroneles y generales se creó la Escuela Superior de Guerra y se abrieron otros centros especializados, como la Escuela Central de Tiro, la Escuela de Automovilismo o el Centro de Transmisiones y de Estudios Tácticos de Ingenieros. 
  • Creación del Cuerpo de suboficiales y refuerzo de la Escala de Complemento. La oficialidad de complemento era para Azaña la solución ideal para disponer de mandos sin sobrecargar las plantillas profesionales. Por otra parte, la conversión en suboficiales de determinadas clases de tropa, otorgándoles la propiedad de su empleo y posibilitándoles un posterior ingreso en el Cuerpo de oficiales, no sólo obedecía a criterios técnicos de creación de mandos auxiliares, sino al deseo de mejorar la posición en el Ejército de un sector de profesionales poco favorecido hasta entonces y que era más proclive hacia el régimen democrático que la oficialidad de carrera. La reserva del sesenta por ciento de las plazas en las academias de oficiales para alumnos procedentes de la Escala de suboficiales buscaba, en ese sentido, democratizar la base social e ideológica de los mandos del Ejército. 
  • Modernización del material. Aunque en los primeros meses de la República se redujo bastante el gasto militar, continuó siendo una partida importante del gasto público. En 1932 era de 387 millones, lo que suponía un 8, 6 por ciento del total, y en 1933 ascendió a 433 millones, el 9,5 por ciento. No obstante, el dinero para financiar las reformas militares nunca fue abundante. Frente a lo que a veces se dice, Azaña incrementó los efectivos humanos del Ejército y la retirada de diez mil profesionales no supuso un alivio económico, ya que siguieron cobrando sus sueldos íntegros. En tales condiciones, más que una política de rearme mediante compras en el extranjero, se imponía el incentivo a la producción propia. Para ello, la Ley de 6 de febrero de 1932 creó el Consorcio de Industrias Militares, que agrupaba a las fábricas de armas existentes con el fin de centralizar y aumentar su producción. Pero durante el primer bienio, el Ejército apenas compró material de guerra al Consorcio, que tampoco pudo penetrar en el abarrotado mercado internacional.

En conjunto, la legislación militar del primer bienio constituyó un esfuerzo impresionante de planificación, y de haberse podido aplicar como fue diseñada, habría cambiado la faz de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la reforma y, especialmente, la reducción de plantillas, fue duramente combatida por la derecha y por un sector de la oficialidad que, como el general Mola, veía en ella un propósito político de "trituración" de un Ejército del que desconfiaban los gobernantes republicanos. Azaña, no exento de soberbia política, hizo poco para defender su proyecto ante la opinión pública y sus desahogos verbales, que le llevaron a ser tachado de jacobino, contribuyeron a crear agravios que pesaron luego en la actitud contraria al régimen de muchos militares. El intento de golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo, en agosto de ese año, fue exponente del malestar de una parte del Ejército por causas no estrictamente políticas. La fortísima campaña desatada por los medios conservadores contra la reforma, personalizada en la figura de Azaña, contribuyó, además, a convertir al primer ministro en la auténtica bestia negra de muchos militares.

LA SANJURJADA

En la madrugada de este 10 de Agosto de 1932, se produjo la primera intentona golpista contra el gobierno de la República, por parte del ejército. El principal instigador de la sublevación fue el General José Sanjurjo, a la sazón capitán general de Andalucía, liderando la operación desde su sede en Sevilla, desde donde se dirigió a la población con la proclama:
"Queda declarado el estado de guerra en toda la región a andaluza, con las consecuencias que dicho estado lleva consigo. Como capitán general de Andalucía, asumo el mando concentrado en mi autoridad de todos los poderes.
Así como dios me permitió llevar al ejército español a la victoria en los campos africanos ahorrando el derramamiento de sangre moza, confío en que también me será permitido con mi actitud, llevar la tranquilidad a muchos hogares humildes, y la paz a todos los espíritus". ¡Viva España, única e inmortal!"


Tras el fallido intento de golpe de estado, Sanjurjo, a instancias de sus adeptos intentó huir a Portugal, siendo detenido al intentar pasar la frontera en Ayamonte (Huelva), sometido a consejo de guerra, fue condenado en juicio sumarísimo a la pena capital ( que no se hizo efectiva debido a la conmutación de la pena por parte del presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora).

Después de algún tiempo en el penal de El Dueso, se exilió a Portugal, a la ciudad de Estoril, desde donde intento volver en 1936 para liderar el nuevo intento de golpe de estado perpetrado por los militares contrarios al gobierno republicano, pero no consiguió su objetivo, ya que el avión que lo trasladaba a España, sufrió un accidente en el que resultó muerto.

Con la muerte de Sanjurjo, Franco se hizo con el liderazgo del alzamiento que desembocó en la fratricida guerra civil española.
José Sanjurjo

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